Publicado 11 de mayo 2020
El Colegio expresó en nota al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Rafael Francisco Gutiérrez, su “profunda inquietud, en razón de la falta de respuestas a precedentes requerimientos, como asimismo por la incertidumbre existente en relación a cuestiones no aclaradas en las últimas disposiciones del Alto Tribunal Provincial”.
En rigor:
TRIBUNALES COLEGIADOS DE FAMILIA: el 29/04/2020 este Colegio profesional, elevó su preocupación, ante el deficiente funcionamiento del fuero de familia. Habiendo transcurrido un lapso prudencial para evaluar su evolución, verificamos que los problemas aumentaron (ej: demoras; disparidad de criterios en los mismos expedientes ante el recambio de guardias; no se suben los decretos y/o resoluciones al sistema SISFE, lo que obliga a los profesionales a trasladarse hacia el inmueble ubicado en Urquiza y Tucumán, etc.).
PLAZOS PROCESALES: desconocemos si se reanudan en las actuaciones habilitadas o si continúan suspendidos.
NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS: de los términos de la Acordada del 05/05/2020, no surge con precisión sus alcances, aplicación y efecto, sin perjuicio del reglamento dispuesto el 7 de marzo de 2019.
CERTIFICACIÓN DE PODERES: la habilitación sólo para Santa Fe y Rosario, impone una inadmisible carga a las personas de otras localidades, por cuanto deberán trasladarse a los mentados centros urbanos –transitando numerosos kilómetros- para realizar este trámite en caso que lo requieran.
Resultaría pertinente, además, la habilitación de certificaciones de otros documentos.
JUZGADOS DE CIRCUITOS: resulta indispensable ponerlos en función, más aún, en las localidades donde no hay otros tribunales jurisdiccionales.
JURAMENTOS DE ABOGADOS/AS: no obstante los reiterados planteos efectuados verbalmente y por escrito, aún no tenemos respuestas sobre la fecha de juramento. Esta circunstancia implica una vulneración de las garantías constitucionales de los abogados/as en condiciones de matricularse.
“Por tales razones, solicitamos la urgente solución y aclaración de los inconvenientes planteados, en aras de lograr el óptimo funcionamiento del servicio de justicia y brindar seguridad a los operadores del sistema”.