Preocupación del Colegio de Abogados de Santa Fe, por la aprobación “ficta” de los vocales para el Tribunal de Cuentas de la Provincia.

Asistimos a un proceso de deterioro institucional en la provincia de Santa Fe, al aprobarse de manera “ficta” los pliegos de Sergio Beccari y Lisandro Villar, propuestos por el Poder Ejecutivo Provincial para la cobertura de las vacantes en el Tribunal de Cuentas.

En primer lugar, sostenemos que es un imperativo para los legisladores el fiel cumplimiento de su mandato, sobre el fidedigno respeto de las reglas de la democracia. Ahora bien, no debe entender al sistema mencionado como un juego, donde sus operadores principales lo utilicen a su medida o lo tergiversen, para satisfacer sus intereses sectoriales, contrarios al bien común.

Los representantes del pueblo, tienen la primordial responsabilidad y compromiso de llevar adelante su gestión, debiendo procurar siempre dar los debates necesarios en defensa de su posición. Justamente, los partidos políticos tienen como misión principal tomar “partido”. Cuando ello no ocurre, se resquebraja la república.

Sin perjuicio de señalar que la aprobación “ficta” está prevista en la Constitución Provincial, preciso es poner de manifiesto que se trata de un medio de excepción.

Por tal motivo, al tratarse de una cuestión neurálgica para el Estado Provincial la auditoría de los actos de sus funcionarios, hubiera correspondido que se origine un debate serio,  transparente y fundado acerca de la idoneidad de los propuestos para el Tribunal de Cuentas.

Amén de lo expuesto, sostuvimos en su oportunidad, que el Contador Público Nacional Sergio Beccari, detentaba un rango de elevada envergadura en la estructura del Poder Ejecutivo Provincial y que no bastaba con que el postulado presente antecedentes reconocidos, sino que resultaba indispensable que detentara independencia respecto de la gestión pública que ha de examinar.

Agregamos que el vocal contador propuesto revisaría ex post facto expedientes, gestiones, actos administrativos generados por órganos administrativos de los cuales él mismo formaba parte. Esto luce obviamente reñido con la independencia e imparcialidad en el control público, y empañaría cualquier intervención de este funcionario respecto de decisiones tomadas por sus ex colegas de gestión cuando no por él mismo, además de contraponer lo dispuesto por el mismo artículo 195 de la Ley 12510.

Respecto de Lisandro Villar, advertimos que la anhelada independencia del órgano de control, estaría afectada, dado que el propuesto, se desempeñaba como asesor de legisladores y funcionarios del actual Gobierno provincial.

Por tales razones, el Colegio de Abogados de Santa Fe expresa su profunda preocupación y exhorta a los representantes de los poderes del Estado a ajustar su proceder de conformidad a las exigencias del bien general.

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