Impuesto a las Ganancias sobre las remuneraciones de jueces, funcionarios y empleados judiciales

Documento del Colegio de Abogados:

Impuesto a las Ganancias sobre las remuneraciones

de jueces, funcionarios y empleados judiciales

En la actualidad resulta insostenible continuar defendiendo la postura de la exención impositiva para los integrantes del Poder Judicial. Los principios de igualdad frente a los impuestos y fundamentalmente de generalidad tributaria crean una limitación a la justificación pretendida.

En un documento sobre el tema el Colegio de Abogados de Santa Fe fijó su postura institucional inclinándose por la instauración del pago del Impuesto a las Ganancias por parte de los jueces y demás funcionarios y empleados de los Poderes Judiciales de la Nación y las Provincias, de la misma forma que tributa el resto de la sociedad.

Obviamente consideramos que el tránsito a la tributación debe darse de manera razonable, paulatina y lógicamente de aquí en adelante, a fin de evitar cualquier tipo de desequilibrio.

En ese sentido, postulamos que todas las ganancias obtenidas por los magistrados y funcionarios judiciales y del Ministerio Público, obtenidas en el ejercicio de sus funciones, sean sujetas al gravamen que establece la Ley de Impuesto a las Ganancias. Igual criterio corresponde aplicar para los haberes jubilatorios y pensiones de dichos magistrados, funcionarios y empleados.

Nuestra posición no es novedosa, ya que desde el año 1996 la ley 24.631 excluyó de las exenciones del art. 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias los incisos p) y r), que de manera expresa exceptuaban del pago del tributo a los miembros del Poder Judicial.

La Constitución Nacional no establece una exención impositiva para los Jueces, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial. De ninguna manera establece una flexibilización del principio constitucional de Generalidad.

El art. 110 de la Constitución dispone: “Los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación … recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley y que no podrá ser disminuida en manera alguna…”.

Es evidente que la intención de la disposición constitucional se vincula con la conservación de los empleos de los magistrados mientras dure su buena conducta; considerando el concepto de la compensación, solo como base para el cálculo jubilatorio.

La garantía constitucional sobre la estabilidad atiende a preservar el principio de la división de los poderes, dentro de un sistema republicano de gobierno, comprendiendo solamente a los jueces. La extensión respecto del Impuesto a las Ganancias que se fue realizando, alcanzando incluso a personas que no llevan adelante funciones jurisdiccionales, produjo una desigualdad respecto al resto de los ciudadanos tanto activos como pasivos que hoy es insostenible.

La ley 20.628 de Impuesto a las Ganancias, establecía en su artículo 20 una exención respecto de “los sueldos que tienen asignados en los respectivos presupuestos los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, miembros de los tribunales provinciales, vocales de las cámaras de apelaciones, jueces nacionales y provinciales, vocales de los tribunales de cuentas y tribunales fiscales de la Nación y las provincias”. Asimismo, disponía: “quedan comprendidos en lo dispuesto en el párrafo anterior los funcionarios judiciales nacionales y provinciales que, dentro de los respectivos presupuestos, tengan asignados sueldos iguales o superiores a los de los jueces de primera instancia”.

La Ley 24.631 derogó dichos privilegios, no obstante lo cual con posterioridad la Corte Suprema mediante una Acordada (20/96) declaró la inaplicabilidad de la derogación, es decir que decidió considerar inconstitucional dicha ley, interpretando además, que la garantía de la intangibilidad de las compensaciones no puede ser afectada por la actividad de los otros poderes del Estado, quienes carecen de atribuciones para modificar, mediante el ejercicio de sus funciones específicas, las previsiones constitucionales impuestas para asegurar la independencia del Poder Judicial, la inmovilidad en el cargo de los jueces y la intangibilidad de sus remuneraciones.

Actualmente la mayoría de la doctrina especializada entiende que de ninguna manera la norma constitucional consideró exceptuar del pago de impuestos genéricos que recaen sobre toda la sociedad a los Magistrados y demás miembros del Poder Judicial, activos y pasivos, por más que el pago de dichos tributos implique una reducción de sus remuneraciones.

Tratándose de tributos que afrontan todos los individuos y en tanto y en cuanto no se trate de gravámenes específicos que recaigan solo sobre los jueces, éstos deben asumirlos al igual que el resto de las personas que obtienen ingresos fruto del trabajo personal.

Compartir.

Los Comentarios están cerrados.