Documento del CASF respecto de la medida adoptada por el PEN vinculada a personas con discapacidad

Publicado: 16 de Junio 2017

Imagen discapacidad esfuerzo_webSiendo pública y notoria la medida adoptada por el PEN, vinculada a la suspensión o caducidad de pensiones no contributivas por motivo de discapacidad, con sustento en la aplicación del Dec. N° 432/97 y en consonancia con la posición que, de modo inclaudicable, viene sosteniendo el Colegio de Abogados de Santa Fe, frente a todo avance o detrimento que, desde cualquier sector, pueda hacerse sobre derechos adquiridos, corresponde expresarnos, en este particular caso que nos ocupa, desde la perspectiva de derecho de las personas con discapacidad (PcD), destacando que esta posición institucional es ajena a toda lectura política partidaria.

En esa tesitura, manifestamos nuestra enérgica oposición a la utilización del decreto referido, sea en cuanto a los requisitos que establece, como así también por la forma en que ha sido instrumentado. Evidenciando errores, tanto jurídicos, como de aplicación de políticas públicas, que vuelve, inadmisiblemente regresivo y lesivo, el criterio adoptado.

Los motivos jurídicos y la ponderación de la realidad socioeconómica del colectivo, ameritan no sólo la NO APLICACIÓN DE LA NORMA INFERIOR, contraria a los mandatos constitucionales y convencionales, sino también el dictado de normas flexibles que se erijan como una especie de ley de presupuestos mínimos que, como tales, tengan como principal objetivo la protección de la persona con discapacidad y su entorno, para el efectivo goce de los derechos fundamentales de las mismas.

Asimismo, y en orden a poder colaborar de modo más concreto con aquellos que se vean afectados por la medida, hacemos extensiva la información aparecida en los medios locales en función de la cual se hace saber que la Subsecretaría de Inclusión de la Provincia, busca armar un padrón para entregar al Consejo Federal de Discapacidad, para lo cual se convoca a los afectados a acercar sus datos en forma personal a la sede de la entidad (Bv. Zavalla 3361), o a través de los teléfonos 0342 4572475 y 4572476, o al mail discapacidadsantafe@santafe.gov.ar.

Finalmente, en adjunto, obra un análisis normativo pormenorizado del tema, realizado por el Instituto de Derechos de las Personas con Discapacidad de nuestro Colegio.

ANEXO:

El Dec. 432 del año 1997 viene a reglamentar la Ley 13.478 y sus modificatorias a fin del otorgamiento del beneficio de pensión a personas en situación de vulnerabilidad por su discapacidad. Sólo comprobar la data de la norma nos permite encuadrarla en un modelo de concepción y respuesta de y a la discapacidad totalmente desajustado al actual que encuentra consagración en la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) (ONU2006) aprobada por el Congreso Nacional conforme Ley 26.378 (2008) y que cuenta con rango constitucional, integrando el bloque de constitucionalidad por ley 27.044 (art. 75 inc.22 Constitución Nacional).

En efecto, el modelo y respuesta de la ley de pensiones y su decreto reglamentario entienden a la PcD como objeto de protección y destinatario de una “dádiva” y no sujeto de derecho tal como surge claramente del texto normativo de la CDPD. De esa única manera puede sostenerse las condiciones de extrema indigencia a las que la norma puesta en crisis reconoce como las únicas que justifican el otorgamiento de la pensión. De conformidad al art. 4 de la CDPD: “1. Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados Partes se comprometen a: a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención; b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad; c) Tener en cuenta, en todas las políticas todos los programas, la protección promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad, d) Abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la presente Convención y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen conforme a lo dispuesto en ella;…”

El desajuste a la norma superior ha sido puesto de manifiesto por el informe país del año 2012 de seguimiento de la Convención: El Comité nota que el marco legislativo sobre el acceso a pensiones no contributivas discrimina directa o indirectamente a las personas con discapacidad, en razón del requisito exigido por el Decreto Reglamentario 432/1997 y el criterio de elegibilidad para acceder a una pensión asistencial por motivos de incapacidad establecido en la ley 18.910. Insta a reformular estas disposiciones haciendo accesibles estas pensiones a las personas con discapacidad, incluidos los trabajadores migratorios y los hijos con discapacidad de trabajadores migratorios. (CRPD/C/ARG/Q/1/Add.1), es decir el Estado Argentino, sabe porque ha sido advertido, del incumplimiento de las obligaciones generales asumidas, ahora acrecentado por la aplicación normas que de “facto” habían dejado de aplicarse.

La CDPD es un tratado de derechos humanos y por lo tanto los derechos por ella reconocidos gozan de todos los atributos de éstos. Así, si bien los beneficios de tipo previsional y asistencial se enrolan entre los derechos de tipo económicos y sociales (Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales) y su aplicación es progresiva, no inmediata (art. 4. 3 CDPD) no pueden retrotraerse de conformidad al principio de no regresividad de los derechos humanos. De tal forma, no es admisible el cese de una prestación de esta naturaleza en virtud al apartamiento de un estándar de situación socioeconómica reñido con el nivel de vida adecuado y respetuoso de la dignidad humana que exige la norma superior. Ello por cuanto la norma inferior se sustenta en una concepción de la discapacidad propia de los modelos caritativo y rehabilitador, que se aparta del modelo social que legislativamente impone la CDPD.

No menos reproche jurídico merece la forma en que ha sido llevado a cabo la suspensión/cese de los beneficios. No obstante, la misma coherente y obedece a la concepción propia del “modelo caritativo” que dio origen antaño a la norma: es decir una dádiva y no un derecho.

No ha mediado notificación previa y mucho menos fehaciente con invocación de los supuestos vicios en el otorgamiento que permitiera el legítimo derecho de defensa de la persona afectada. Se dispuso sin procedimiento administrativo previo, como de hecho se instrumenta respecto de otros beneficios previsionales; lo que expresa una afectación de los principios convencionales de igualdad y no discriminación (art. 5CDPD).

Amén de ello, no se trata solamente de formas y del derecho de defensa, sino de la afectación de derechos fundamentales de un colectivo en situación de vulnerabilidad: las PcD y sus familias se han visto privadas de una contribución dineraria magra y de los beneficios del Programa “Incluir Salud” (ex profe) referidos a las prestaciones básicas de salud. Es de notar que la privación de este beneficio, a pesar de las características apuntadas- impacta fuertemente en un colectivo que justamente tiene dificultades económicas aumentadas por su situación. El trámite levantamiento de la suspensión, significará demoras, traslados , costos, etc. que serán una “barrera” más que la persona deba atravesar para el goce de los derechos. Debió procederse primero a la comprobación de que el beneficiario se encuentra entre la minoría para la cual la discapacidad resulta mínima y reducida a una diversidad funcional.

A más de los fundamentos ya expuestos, y el desajuste de la normativa interna a la norma superior, la suspensión de los beneficios por las razones que se han conocido, desconoce o soslaya de la realidad socioeconómica de las PcD y sus familias. Alrededor del 15% de la población mundial presenta algún tipo de discapacidad, según censo Argentina 2010 aproximadamente 1 de cada 3 familias tiene algún integrante con discapacidad, luego según informes mundiales aproximadamente el 80% de las personas con discapacidad se encuentran en situación de pobreza. Existe una intima relación entre discapacidad y pobreza, las posibilidades laborales de la PcD y los miembros de sus familias (muchos de ellos al cuidado de los primeros) se encuentran limitadas en razón de la discapacidad y sus necesidades económicas aumentadas. Así, la política pública que desconoce esta realidad no va por buen puerto.

Además de los datos que surgen del último censo nacional, debemos tener presente el incremento del número de certificados únicos de discapacidad (CUD) particularmente de personas pobres; el incremento del indicador “pobreza”; la alta tasa de siniestralidad gran generadora de discapacidad; todo en un contexto económico desfavorable.

Si partimos los datos que anteceden, hemos de presumir la existencia del derecho y las necesidades que justifican el otorgamiento del beneficio. El incremento del número de beneficiarios no nos parece acertado atarlo a consideraciones de tinte político partidario -del que nos excluímos como dijimos al inicio- sino al reconocimiento de derechos fundamentales, de la concepción de la discapacidad como un concepto que evoluciona, que se encontraba invisibilizado y las obligaciones asumidas internacionalmente por el Estado argentino.

La adecuación de la norma inferior surge como imperativa y puesta de resalto por el informe del Comité referido, propiciando la promoción de la dignidad de las PcD y sus familias de conformidad al art. 28 de la CDPD: “El art. 28 tutela a la persona con discapacidad como jefe/a de familia o como integrante de ésta, para que pueda disfrutar un nivel de vida adecuado, que satisfaga las necesidades básicas: las que incluyen taxativamente alimentación, vestido, acceso y provisión de agua potable, y vivienda adecuada, pero fundamentalmente obliga a los Estados a medidas que promuevan y salvaguarden una mejora continua de sus condiciones de vida y al acceso a programas de protección social, sin discriminación por motivos de discapacidad” (Dean Lermen G. en “Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad – Comentada “ ROSALES Pablo Coord.– Ed. Abeledo Perrot e-book).

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