Dictamen Régimen Riesgos de Trabajo

Publicado: 16 de Febrero 2017

El Colegio de Abogados de Santa Fe comparte con los colegas el Dictamen elaborado con intervención del Instituto de Derecho Laboral sobre el Proyecto de Ley Complementaria del Régimen sobre Riesgos de Trabajo remitido por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso de la Nación. Al respecto nuestra entidad ha resuelto pronunciarse sobre el mismo debido a la trascendencia del tema en base a los siguientes fundamentos:

La pretensión central del mencionado proyecto, explicitada en sus considerandos, es reducir la litigiosidad estableciendo que el procedimiento ante las Comisiones Médicas creadas por la ley 24.241 sea una instancia previa de carácter obligatorio y excluyente de toda otra actuación”.

Remarcando la importancia de dicho procedimiento administrativo previo, se excluye la posibilidad de que el trabajador siniestrado recurra directamente a los Juzgados con competencia Laboral”.

Lo mencionado no escapa a lo procurado en precedentes legislativos aunque, para salvar las objeciones constitucionales puestas de manifiesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en “Castillo, Angel Santos c. Cerámica Alberdi S.A.” (07/09/2004), “Venialgo”, “Marchetti” y, principalmente, “Obregón, Francisco Víctor c. LIBERTY ART (17/4/2012), se requiere un acto de adhesión de las provincias (art. 4º).

En este sentido cabe poner de resalto que nuestro máximo tribunal en los mencionados autos “Obregón…” dejó claramente sentado que la habilitación a los estrados provinciales no puede quedar condicionada o supeditada al previo cumplimiento de una vía administrativa ante organismos de orden federal, como lo son las Comisiones Médicas.

No resulta ajeno a los actores involucrados en el tema que el procedimiento ante las Comisiones Médicas genera múltiples dificultades para los trabajadores, pudiéndose destacar lo engorroso del procedimiento, la falta de idoneidad jurídica de los integrantes (en definitiva, la resolución de los planteos queda en manos de médicos), la disparidad de fuerzas con las ART que, en todos los casos, se presentan con un equipo médico mientras que resulta improbable que el trabajador pueda contar con acompañamiento profesional, tanto jurídico como médico. Todo ello agravado por la circunstancia de que en la mayoría de los casos (en especial en nuestra provincia), las mencionadas Comisiones Médicas se encuentran a lejanas al domicilio o lugar de trabajo”.

Ahora bien, más allá de lo consignado, el proyecto en cuestión parte de un análisis sesgado de la problemática de los siniestros laborales. En efecto, la presumida “alta litigiosidad” tiene por razón central el alto grado de conflictividad subyacente en el sistema, esto es, la siniestralidad laboral existente y, paralelamente, la negativa de las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo a afrontar las prestaciones derivadas de dichas contingencias. En tal sentido, la obstaculización del acceso pleno a la justicia puede, potencialmente, reducir la cantidad de “litigios” pero a costo de obturar derechos de los afectados de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Es decir, “la sustentabilidad del sistema” o “la reducción del costo en las empresas” se lograría desdibujando derechos laborales”.

Poniendo las cosas en su lugar, cabe subrayar que las contingencias que motivan la iniciación de acciones judiciales debieron, en todos los casos, transitar previamente por la vía extrajudicial de las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo en tanto el litigio, está precedido del rechazo de la denuncia efectuada o bien en la disconformidad con la incapacidad (si es que se reconoció alguna) adjudicada al trabajador”.

Todas las argumentaciones discursivas omiten tal consideración. La falta de cumplimento por la Aseguradoras de Riesgos de Trabajo de sus esenciales obligaciones, cuales son el otorgamiento de las prestaciones médicas y dinerarias constituyen la premisa de la existencia de juicios laborales vinculados a esta temática”.

Resumiendo lo dicho, se pretende otorgarle viabilidad al sistema al costo de dejar sin cobertura un sinnúmero de contingencias laborales”.

Tan evidente resulta lo mencionado que pese a los cuestionamientos constitucionales puestos en evidencia por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos “Rivadero, Nicolás Cayetano c. LIberty A.R.T. S.A. y otra” (12/08/13), se persiste en el establecimiento del sistema cerrado de enfermedades profesionales regulado en el decreto 658/96”.

Viene al caso tener presente, en este sentido, que tal como lo ponen en evidencia las estadísticas oficiales, se verifican en el sector formal cerca de 660.000 siniestros anuales (no se computan aquí los existentes en el marco de vínculos informales o bien los casos leves no denunciados por las empresas con el objeto de reducir el monto de las alícuotas), de los cuales solamente el 2 % corresponden a enfermedades profesionales cuando, de acuerdo a los informes de la OIT, las mismas representan cerca de un 38 % dentro del total de la accidentología”.

Dicha situación no nos indica que en nuestro país no existan las mencionadas enfermedades en el volumen descripto sino que, muy por el contrario, las mismas no encuentran marco de atención en el kafkiano procedimiento establecido por el Régimen de Riesgos de Trabajo”.

En suma, el proyecto elevado por el Poder Ejecutivo, además de dudosa constitucionalidad, no se hace cargo de las reales disfuncionalidades del sistema y de la protección de trabajadores especialmente vulnerables, tales como son los que padecieron un accidente de trabajo o enfermedad laboral”.

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