Comunicado Mediación Prejudicial Obligatoria

Publicado: 14 de Febrero 2019

La Mediación prejudicial obligatoria fue instaurada en la provincia de Santa Fe el 14 de diciembre del 2010, mediante la Ley 13.151.

A partir de allí, los diversos actores del sistema (Colegios profesionales, instituciones formadoras, abogadas, abogados, ciudadanía en general), debieron encaminar sus esfuerzos para ponerlo en marcha, de manera tal que se cumplimentara con el objetivo central declamado: contribuir a la pacificación social.

En tal dirección, el Colegio de Abogados de Santa Fe puso en funcionamiento dentro de sus instalaciones cuatro oficinas de reuniones; habilitó centros de mediación en sus delegaciones de San Justo, San Javier y Esperanza, logrando la autorización como entidad formadora, todo lo cual facilita a mediadores el ejercicio profesional a costos accesibles.

Sentado ello, es preciso señalar que, en las postrimerías del 2018, el Poder Ejecutivo Provincial abrió un canal de diálogo, convocando a este Colegio, con el objeto de modificar la ley señalada.

Empero lo cual, de manera sorpresiva, intempestiva e inconsulta, el 17 de diciembre se dictó el decreto 4036/2018, sin consenso alguno, quebrantándose el compromiso inicial impuesto por el gobierno, de forjar una instancia superadora, que tuviera como eje central el perfeccionamiento del sistema.

Sin perjuicio de resaltar las inconsistencias de la mentada normativa, se generó un estado de incertidumbre e inseguridad, que afecta notablemente a operadores, quienes se ven imposibilitados de desarrollar su actividad con suficiencia, ante el dictado de una serie de normativas que conspiran contra el espíritu mismo de la ley 13.151. En virtud de ello, solicitamos la derogación de los distintos decretos vigentes a la fecha y se aplique la ley actual con su reglamentación, normas que solicitamos mantengan su plena vigencia hasta tanto se logren los consensos necesarios para su modificación.

Amén de ello, señalamos con preocupación que la Agencia de Gestión de Mediación (AGEM), funciona sin la estructura adecuada para proporcionar un correcto servicio, razón por la cual, requerimos su inmediata restauración.

Asimismo, exhortamos se arbitren los medios necesarios para poner en marcha la Ley de Mediación Prejudicial Obligatoria en todo el ámbito provincial.

A su vez, señalamos que atenta contra la dignidad y el carácter oneroso del trabajo, la circunstancia que abogadas y abogados mediadores deben solventar de su propio capital las erogaciones que genera su participación en las mediaciones gratuitas.

Por dicho motivo, de mantenerse la obligatoriedad para abogadas y abogados mediadores, el Estado debe afrontar el pago de una retribución justa, acorde a la naturaleza de la noble tarea que desempeñan.

Por tanto, el Directorio del Colegio de Abogados de Santa Fe, manifiesta con preocupación que la normativa promulgada desde diciembre del año anterior a la fecha, afecta el libre ejercicio profesional, los principios de mediación y las incumbencias de abogadas y abogados mediadores.

 

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